Para que la policía actúe de inmediato ante una okupación hay que demostrar que la vivienda es la morada de quien denuncia, y las escrituras, el DNI o las facturas no lo prueban. Moradai ha desarrollado El Testigo, un dispositivo que se coloca en la puerta y certifica cada día, con biometría y geolocalización, que una persona vive allí. En el capítulo 68 de Toque de Ingenio, Rodrigo Ruano explica por qué descartaron blockchain, cómo cumplieron la normativa sobre datos biométricos y qué recortaría del producto si empezara de nuevo.
Invitado: Rodrigo Ruano, presentado en el episodio como fundador de Moradai. Conversación publicada: 18 de noviembre de 2025. Episodio: 68. Duración: 1 h 16 min.
En este capítulo:
- Por qué la propiedad no basta y qué exige la ley para considerar una vivienda como morada.
- Cómo un prestador de servicios de confianza sustituyó a blockchain para dar validez legal a la prueba.
- Qué fue lo más difícil del desarrollo técnico y qué habría acortado la salida al mercado.
La conversación se grabó cuando Moradai estaba a tres o cuatro semanas de salir al mercado, después de casi dos años y medio de desarrollo. Rodrigo mostró el dispositivo durante la entrevista.
Morada y propiedad: qué exige la ley antes de que actúe la policía
Rodrigo sitúa el problema con cifras oficiales. Según relata, en 2022 y 2023 hubo unas 16.000 denuncias anuales por okupación, de las que unas 3.500 correspondían a primeras y segundas residencias. Añade que muchos casos no se denuncian y que la media del Consejo General del Poder Judicial para recuperar una vivienda era de 23,2 meses.
Sobre la idea de que la policía puede desalojar si se avisa en 24 o 48 horas, Rodrigo es tajante: es un mito. Lo que permite intervenir sin orden judicial es la flagrancia del delito. En una vivienda vacía esa flagrancia se agota enseguida; en un allanamiento de morada es permanente, y la policía puede actuar semanas o meses después.
La dificultad está en demostrar la morada. Rodrigo distingue propiedad y posesión: las escrituras prueban quién es el dueño, no quién habita. La dirección del DNI, el empadronamiento o las facturas tampoco sirven, porque quien paga la luz puede no ser quien vive dentro. Si la policía entra sin pruebas fehacientes, el allanamiento lo cometen los agentes.
Además, la ley habla de uso habitual, eventual u ocasional sin una definición medible. Ese vacío es el que Moradai quiso llenar con una prueba técnica.
De un token en blockchain a un prestador de servicios de confianza
Rodrigo terminó un máster de ingeniería en Alemania en 2021 y montó con su socio Álvaro una empresa de servicios tecnológicos. Querían un producto propio con impacto social. Un cliente que había sufrido varias okupaciones les encargó buscar una solución con tecnología.
La primera propuesta partía de su experiencia en blockchain: un token con un contrato legal detrás que acreditara el derecho de posesión. Según cuenta, despachos y autoridades la rechazaron con dureza. El equipo recorrió despachos especializados y entendió que el factor común era acreditar la morada. A principios de 2023 empezaron a construir el producto.
Blockchain se sustituyó por un prestador de servicios de confianza, una entidad regulada por reglamento europeo que Rodrigo compara con un notario digital. Cada evidencia que genera el dispositivo se sella con un sello de tiempo cualificado y no puede alterarse después.
Ese sello aporta validez legal inmediata e invierte la carga de la prueba: es la otra parte la que tendría que demostrar con un peritaje que la evidencia es falsa. El resultado se presenta como un certificado de morada de dos páginas, un nombre creado por la propia empresa.
Cuatro pruebas dentro de un dispositivo en la puerta
Rodrigo resume el fundamento en cuatro requisitos: identificar sin duda a la persona, demostrar que el dispositivo está en esa vivienda y no se mueve, registrar de forma segura el instante de cada prueba y garantizar la integridad de la información. Un móvil o una tarjeta no valen como identificación, porque se pueden prestar.
El Testigo se pega en la cara interior de la puerta principal, a la altura de la cara. Reconoce el patrón facial de hasta seis personas registradas, con medidas contra máscaras, fotografías o vídeos. Cada registro va geolocalizado y vinculado a la vivienda; el dispositivo deja de funcionar si se traslada.
No hace fotografías diarias. Solo toma una imagen en el registro inicial, que aparece en el certificado junto a las coordenadas. Después compara la biometría con la almacenada en el propio dispositivo. Basta un registro al día, que se produce al pasar por la puerta sin ninguna acción voluntaria.
La puerta no es casual. Según Rodrigo, lo primero que hace un okupa es cambiar la cerradura, por lo que el dispositivo avisa si la puerta se abre o hay movimiento cerca. La instalación se completa con un adhesivo, un raíl, el wifi de casa y la app, con una autonomía de hasta un año.
Protección de datos: la parte más dura del desarrollo técnico
Preguntado por lo más complicado, Rodrigo no menciona la carcasa ni la mecánica, sino la protección de datos. El tratamiento del dato biométrico está prohibido salvo que se justifique el levantamiento de esa prohibición en los supuestos que admite el Reglamento General de Protección de Datos. Eso exigió una evaluación de impacto muy detallada y numerosos cambios técnicos.
«Todo el procesamiento biométrico se tiene que hacer en local».
Rodrigo Ruano, 54:23.
Los datos biométricos no salen del dispositivo ni se comparten con terceros para el reconocimiento. Se guardan cifrados en un módulo de seguridad que, según explica, cumple el estándar más alto del mercado. Cada capa añadida para cumplir la normativa consumió recursos y tiempo.
La electrónica también fue exigente: Rodrigo la describe como muy sofisticada, con muchos componentes, trabajo de antenas y comunicaciones, iteración y ensayos. Es un ejemplo de ingeniería electrónica en la que el requisito legal define la arquitectura: dónde se procesa el dato, dónde se almacena y qué sale hacia el servidor.
Que policías y jueces entiendan el certificado
Una prueba solo sirve si quien la recibe sabe interpretarla. Rodrigo explica que el certificado se definió con jueces y policías, y que la primera página cita la jurisprudencia y la instrucción aplicable, con las consecuencias de no actuar. Aun así, aclara que nunca garantizan una eficacia del 100 %.
La empresa prepara formaciones a través de asociaciones de policía para que los agentes reconozcan el certificado y el cartel de morada certificada en la puerta. En paralelo, la aseguradora Caser respalda el servicio: tras una incidencia, un abogado especializado lleva el procedimiento, y una póliza cubre costes jurídicos, cerradura y limpieza.
Rodrigo también marca límites de uso. Una segunda residencia a la que se va una semana al año genera una prueba de morada; una a la que se va un solo día, no. Hablar con despachos reveló además dos casos de uso: acreditar la residencia fiscal y la residencia continuada para permisos por arraigo.
Salida al mercado: preventa, serie corta y una lección de alcance
Moradai hizo una preventa con objetivo de cien clientes, vendida por su web y redes sociales, y trabajaba con inmobiliarias, aseguradoras y despachos como prescriptores. Descartaron Kickstarter: la legislación sobre morada cambia por país y preferían probar el producto en grupos controlados antes de una campaña masiva.
El precio anunciado era de 100 euros por el dispositivo más 25 euros al mes, o 300 euros al año sin pagar el dispositivo. Rodrigo cuenta que en la preventa les dijeron que el precio inicial parecía demasiado bajo, y que devuelven todo lo pagado si la prueba no funciona.
La primera serie era controlada, de unas 500 unidades, con un objetivo de 1.500 para el año siguiente y una ronda de inversión abierta. Rodrigo defiende ir con pies de plomo porque el producto toca temas sensibles y las autoridades necesitan tiempo para conocerlo.
Al hacer balance, señala que la mentalidad de MVP e iteración rápida no encaja con un producto regulado, con biometría y validez jurídica.
«Tienes que hacer un producto que sea estupendo desde el minuto uno».
Rodrigo Ruano, 1:08:17.
Su mayor error, según reconoce, fue querer un producto muy avanzado desde el principio. Una versión con menos funciones habría permitido salir varios meses antes y ahorrar desarrollo. Es una decisión habitual en diseño y desarrollo de producto: separar lo innegociable, como la biometría a prueba de manipulación, de lo que puede llegar después.
Qué puede aprender otro equipo de desarrollo
El caso de Moradai deja cuatro aprendizajes para productos que deben generar pruebas con validez legal:
- Empezar por el marco legal. El equipo cambió de tecnología cuando los despachos explicaron qué prueba necesitaba realmente la policía.
- Diseñar la privacidad en el hardware. Procesar la biometría en local y cifrarla en un módulo seguro fue una decisión de arquitectura, no un ajuste final.
- Acotar la primera versión. Distinguir lo que no admite discusión de lo que puede esperar reduce meses de ensayos.
- Escalar por series cortas. Una serie controlada permite comprobar el comportamiento fuera del laboratorio antes de fabricar miles de unidades.
En el momento de la entrevista, Moradai preparaba la entrega a los clientes de la preventa y la primera serie de 500 unidades. Según cuenta Rodrigo, la empresa tiene patentes nacional e internacional y publica en su web un informe de un juez magistrado sobre la validez del producto.
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Para seguir leyendo: por qué las startups de hardware europeas tardan en escalar.
Fuente del artículo: entrevista de Edgar Guerrero con Rodrigo Ruano en Toque de Ingenio. Los pasajes citados enlazan al minuto de la conversación. Las recomendaciones para otros proyectos son una síntesis editorial de i-mas.
